'Súper RIGI': el Gobierno aceptó una cuota del 20% de proveedores locales, pero los aliados frenaron igual el dictamen y ahora piden preferencia de precio para la empresa argentina — sigue sin ser ley

Este radar ya había registrado, el 26 de agosto, que el 'Súper RIGI' —el régimen paralelo al RIGI vigente, con piso de inversión de USD 1.000 millones para 'nuevas industrias'— estaba trabado en el Senado porque los bloques aliados condicionaban su firma a cambios que el oficialismo, en ese momento, se negaba a incorporar. Lo que cambió desde entonces: el bloque de Patricia Bullrich cedió. Para destrabar el dictamen, previsto para el 2 de septiembre en un plenario de tres comisiones, La Libertad Avanza aceptó dos modificaciones concretas pedidas por la UCR, el PRO y las provincias. La primera es una cuota de contenido nacional: cada proyecto que acceda al régimen tiene que presentar un plan de desarrollo de proveedores locales con un compromiso de contratación —de bienes, servicios y/u obras— equivalente como mínimo al 20% del monto de inversión destinado a pago de proveedores, con la aclaración pedida por los aliados de que ese 20% se limite a bienes efectivamente producidos en el país (no computa la obra civil ni servicios que de todos modos se prestan en el territorio). La segunda, más específica y más relevante para quien lee este radar, apunta directo a los proyectos de altísimo consumo eléctrico —el ejemplo que citan todas las fuentes es centros de datos de inteligencia artificial—: van a tener que contar con generación o infraestructura eléctrica propia (la formulación más precisa habla de construir sus propias subestaciones) cuando su demanda pueda afectar el servicio energético de la provincia o el municipio donde se instalen. Ninguna de las dos cosas es ley todavía, y lo que pasó después lo confirma: ACTUALIZACIÓN DEL 7 DE SEPTIEMBRE — el plenario del 2 de septiembre NO firmó el dictamen. Aceptar los dos cambios no alcanzó: la UCR, el PRO y el peronismo disidente pidieron una tercera modificación y La Libertad Avanza pasó a cuarto intermedio porque no reunía las firmas. Lo que reclaman ahora es más fuerte que la cuota del 20% y le pega directo a cualquier proveedor extranjero: un artículo que establezca que cuando exista una diferencia de hasta un 15% en los precios entre la oferta de una empresa nacional y la de una firma extranjera, se priorice a la compañía argentina. En medio de la discusión, Patricia Bullrich planteó que 'si el Súper RIGI tiene tanto problema, nos quedamos con el RIGI'. Al 7 de septiembre no hay dictamen firmado; el tratamiento en el recinto se había proyectado para el 10 de septiembre y quedó supeditado a que aparezcan esas firmas. Un dato adicional para calibrar el plazo: como el Senado le introduce cambios al texto que ya tenía media sanción de Diputados, si se aprueba así tiene que volver a Diputados en revisión —no alcanza con que lo vote el Senado para que sea ley—. Para una empresa extranjera que evalúa un proyecto de esta escala, en particular infraestructura digital o centros de datos, el punto accionable hoy no es el beneficio impositivo (que sigue sin poder invocarse) sino la dirección del texto: si esta versión avanza, la ecuación de costos de un proyecto de datos de gran consumo va a tener que incluir cadena de proveedores locales certificable y una inversión en infraestructura eléctrica propia que hoy, en el RIGI vigente, no es un requisito escrito. En concreto: El oficialismo (bloque de Patricia Bullrich) aceptó dos modificaciones que hasta el 19/8 rechazaba, para destrabar la firma del dictamen en el Senado; Cambio 1 — contenido nacional: plan de desarrollo de proveedores locales con compromiso de contratación mínimo del 20% del monto de inversión destinado a pago de proveedores, en bienes, servicios y/u obras; los aliados pidieron aclarar que el 20% se limite a bienes efectivamente producidos en el país, sin computar obra civil; Cambio 2 — energía propia para consumidores intensivos: proyectos de alto consumo eléctrico (el caso citado por las fuentes es centros de datos de IA) deberán contar con generación o infraestructura eléctrica propia (construcción de subestaciones propias) cuando su demanda pueda afectar el servicio energético provincial o municipal. La letra exacta de este punto todavía no estaba cerrada al momento de verificar esta nota — dos fuentes coinciden en la obligación pero no en la redacción final; El resto del proyecto no cambia respecto de lo ya registrado el 26/8: piso de inversión de USD 1.000 millones, estabilidad fiscal/aduanera/cambiaria por 30 años, régimen paralelo al RIGI vigente (no lo reemplaza); ⭐ Estado real al 7 de septiembre de 2026: el plenario del 2 de septiembre NO firmó el dictamen y pasó a cuarto intermedio por falta de firmas. Aceptar los dos cambios no alcanzó. Tratamiento en el recinto proyectado para el 10 de septiembre, supeditado al dictamen; ⭐ Cambio 3 pedido por los aliados y todavía NO aceptado: un artículo de preferencia de precio — cuando exista una diferencia de hasta un 15% en los precios entre la oferta de una empresa nacional y la de una firma extranjera, se prioriza a la compañía argentina. Es el reclamo que frenó la firma el 2/9 y es el punto que más le cambiaría la ecuación a un proveedor extranjero; ⚠️ Como el Senado modifica el texto que ya tenía media sanción de Diputados, si se aprueba así el proyecto vuelve a Diputados en segunda revisión: la sanción definitiva, si ocurre, no va a ser antes de esa segunda vuelta; Sigue sin ser ley. No hay beneficio fiscal, cambiario ni aduanero invocable todavía bajo este régimen.

Todavía no: es un proyecto de ley que debe tratarse en el Congreso. Instrumento: Proyecto de ley con media sanción de Diputados (24/6/2026). El 2 de septiembre, en plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, Economía Nacional e Inversión, y Legislación General, el bloque oficialista aceptó incorporar dos modificaciones pedidas por los bloques aliados (UCR, PRO) y por provincias para destrabar la firma del dictamen. SIGUE sin ser ley: es un cambio de texto en discusión parlamentaria, no una norma vigente. Es información, no asesoramiento legal: verificá siempre el estado actual en la fuente oficial.

Si el proyecto avanza así, un centro de datos de gran escala en la Argentina va a tener que presupuestar proveedores locales e infraestructura eléctrica propia: El umbral de entrada (USD 1.000 millones) sigue dejando esto fuera del alcance de la mayoría de los lectores de este radar como algo directamente aplicable. Pero para el universo más chico que sí evalúa un proyecto de esa escala —en particular infraestructura digital, cómputo de alto rendimiento o centros de datos vinculados a IA—, esta actualización es la primera vez que el texto en discusión pone un número y una obligación técnica concreta: 20% de proveedores locales certificados como bienes producidos en el país, y generación eléctrica propia si el consumo del proyecto puede tensionar la red local. Ninguna de las dos cosas se puede invocar hoy porque no es ley, pero si un proyecto de esta escala está en carpeta, conviene que el equipo de ingeniería y el de compras empiecen a mapear proveedores locales y opciones de generación propia (o acuerdos de autoabastecimiento) en paralelo a la definición del vehículo societario, en vez de esperar a la sanción definitiva —que además, al volver a Diputados, todavía puede cambiar de nuevo.

Sector: inversiones. Organismo afectado: Congreso de la Nación — proyecto de ley de Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias. Actualiza la medida que este mismo radar registró el 26/8/2026 (media sanción de Diputados, dictamen trabado en el Senado).

Última verificación editorial: 2026-09-07, contra las fuentes primarias citadas en esta página. El estado regulatorio puede cambiar; ante una decisión, confirmá en la fuente oficial.